La Ley 4/2026, de 1 de octubre, está en vigor desde el viernes 23 de octubre. Publicada en el Boletín Oficial del Estado el 3 de octubre, modifica la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
A efectos de la Ley General de Discapacidad, las personas con dependencia de grado I tienen la consideración de personas con un 33 % de discapacidad, y las de grados II y III, de un 65 %. La asimilación solo produce efectos en los ámbitos previstos legalmente o en normas que la contemplen expresamente, y no se aplica en el ámbito tributario.
La teleasistencia se reconoce como derecho subjetivo para todas las personas en situación de dependencia y se orienta a una atención y un apoyo continuos, personalizados y adaptados a su voluntad, deseos y preferencias.
La asistencia personal deja de estar restringida a los ámbitos educativo y laboral y se orienta a la autonomía, la vida independiente y la inclusión en la comunidad. También se incorpora como servicio al catálogo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. La ayuda a domicilio amplía su ámbito al entorno comunitario próximo, con fórmulas de organización colectiva y voluntaria para grupos reducidos de personas que viven cerca.
La ley incorpora nuevas alternativas habitacionales y de cuidados, incluido el servicio de cuidados y apoyos en viviendas, y añade al catálogo los productos de apoyo para la autonomía personal, tanto para permanecer en el domicilio como para mejorar las condiciones en las que se prestan los cuidados.
La ley estatal suprime el régimen de incompatibilidades entre prestaciones económicas y servicios, dentro de las intensidades correspondientes a cada grado. Se mantienen los regímenes de incompatibilidad que establecen las comunidades autónomas. La reforma del Programa Individual de Atención busca agilizar su tramitación y situar en el centro la voluntad, los deseos y las preferencias de la persona.
El texto también incorpora las perspectivas de género e interseccional a las políticas de dependencia y refuerza la protección de mujeres, niñas y niños con discapacidad.
El Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga considera fundamental difundir estas novedades entre profesionales y ciudadanía, y profundizar en su impacto sobre el Sistema de Servicios Sociales y el ejercicio profesional.
El texto íntegro de la Ley 4/2026 figura en el Boletín Oficial del Estado.
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